En estas últimas semanas ha estado en la discusión del Congreso Nacional el proyecto de ley que regula las migraciones en Chile, el cual vendría a reemplazar a la normativa vigente que data de 1975. El documento no ha estado exento de polémicas debido a lo conservador del escrito y a lo discriminatorio que resultan algunos artículos con respecto a la situación legal de las personas migradas, lo que se ve reflejado en el acceso a la seguridad social y a los servicios de salud.
De acuerdo con la “Política de salud del migrante” elaborada en 2015, el 63,1 por ciento de las mujeres embarazadas tenían un ingreso tardío al control en la Atención Primaria. Por otra parte, un 26,6 por ciento de niños, niñas y adolescentes no estaban adscritos a ningún sistema de salud (Fonasa o Isapre). El mismo documento menciona que la migración es considerada como una “determinante social de la salud” debido a la desigualdad e inequidad social que tiene esta población en la accesibilidad al sistema de salud.
Las barreras
En septiembre de 2014 se conformó un grupo multisectorial en el que participaron representantes de la Subsecretaría de Salud Pública, de Redes Asistenciales, de Fonasa y de la Superintendencia de Salud con el objetivo de desarrollar la política de salud de migrantes, instancia a partir de la cual se desarrolló el Decreto N°67, el que incorpora al sistema a aquellas personas migradas que estaban en una situación irregular (sin visa o sin documentos) con la finalidad de reducir las barreras de acceso a la salud.
Pese a lo anterior, para la académica del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar, Dra. Alicia Arias-Schreiber, aún se mantienen otro tipos de barreras que tienen relación con la accesibilidad que presenta el sistema, no tanto de tipo legal o administrativo, sino que de trato. “Persisten aún otro tipo de barreras como las lingüísticas, por ejemplo, de tener un facilitador lingüístico en un Cesfam. Porque puede estar inscrito y estar en Fonasa, pero no va a poder atenderse si no hay nadie que lo entienda o que le explique cómo tiene que solicitar una hora", indicó la profesora de la Facultad de Medicina, quien agregó que está también "lo cultural o simbólico", a partir de las experiencias de personas que han tenido "malas experiencias o discriminatorias sobre el servicio tengo una predisposición negativa hacia el sistema”.
En este sentido, la académica del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI), e integrante de la Cátedra de Racismos y Migraciones contemporáneas, Ximena Póo, indicó que es importante que las discusiones actuales logren subsanar estas brechas a través de garantizar un derecho a la salud universal para todas las personas que residen en el país.
“Esperemos que la nueva constitución garantice los derechos a salud, educación y vivienda como un piso mínimo de derechos, con un enfoque de derechos humanos en donde quepan todas y todos quienes viven en Chile y por lo tanto eso incluye a la población migrante”, mencionó.