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En la oportunidad, el decano del plantel, doctor Manuel Kukuljan, señaló que “este es un momento importante, pues tras mucho esperar la generación de un marco legal que sea adecuado a nuestra misión como universidad y a la de todas las universidades del Estado, que se haga cargo de esa condición y de la naturaleza de estas instituciones, nos encontramos con una propuesta de ley que es insuficiente e incoherente con esa naturaleza, y que de ser implementado puede significar un deterioro muy importante para nuestra corporación y para el país en general”.
Por ello, solicitó a la comunidad presente centrar los esfuerzos de reflexión y análisis en temas como la autonomía universitaria, pues la actual propuesta atenta contra ella, “por poner a la cabeza de su sistema de gobernanza personas nombradas de forma importante por el gobierno de turno. Debemos evitar que cualquier grupo político, religioso o de cualquier naturaleza coopte la universidad para sus fines, cualesquiera que ellos sean, porque al suceder esto se pierde una característica fundamental que es la que, por ejemplo, nos permite reunirnos aquí a conversar”. De ese modo, añadió, se deben proponer alternativas, considerando una contraparte para responder a la sociedad a la que nos debemos. “Por eso el desafío es generar un cuerpo legal que se haga cargo de la autonomía pero que también le de al Estado y a la sociedad en general la capacidad de supervisar y evaluar que nuestra misión se cumpla de acuerdo a lo que se espera de nosotros”.
Posteriormente el abogado del Senado Universitario, señor Gustavo Fuentes, expuso en primer término una breve revisión histórica de los articulados legales que han regido a las universidades estatales y luego a algunas privadas, para luego detallar puntos específicos de la propuesta que el 6 de junio recién pasado ingresó a primer trámite constitucional, como son los referidos a autonomía y gobierno universitario, financiamiento, fortalecimiento de la educación Estatal y régimen jurídico laboral.
Así, explicó que se propone incluir en el Consejo Superior de estos planteles –órgano encargado de definir la política general de desarrollo y las decisiones estratégicas de la institución, velando por su cumplimiento, de conformidad a la misión, principios y funciones de la Universidad que, entre otras características, puede remover al rector de la corporación- a tres personas nombradas por el Estado, para una gestión de cuatro años, durante los cuales podrían ser electos como presidentes de estos cuerpos colegiados, además de otros dos profesionales de destacada trayectoria nacional, por un período de dos años.
Luego, se refirió a la relación con los estamentos académico y funcionario, dando a todos la calidad de empleados públicos, pero en cuanto al personal de colaboración reconoce los derechos adquiridos a quienes ya se desempeñan en ellas pero no a los que podrían ser incorporados a futuro, considerando su contratación por servicios específicos, lo que deja en la incertidumbre cuáles podrían ser estas prestaciones. Por último, presentó la plataforma web reformauniversitaria.cl, donde se muestra el trabajo del Observatorio Legislativo de las Reformas a la Educación Superior, iniciativa del Senado Universitario y la Facultad de Derecho.
Al finalizar estas presentaciones, los asistentes se organizaron en grupos de trabajo, con el fin de generar conclusiones que fueron recogidas en un documento que será entregado al Comité de Coordinación Institucional de la Universidad de Chile, como insumo para proponer alternativas al proyecto de ley.
Sobre el respecto la profesora Olga Toro, directora de Planificación Estratégica de la Facultad de Medicina, comentó que la comunidad institucional, por amplio consenso, “expresó su rechazo al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, aún cuando comparte la importancia de contar con una ley que fortalezca a las universidades del Estado. Dentro de los aspectos más controversiales del proyecto, la comunidad identificó el debilitamiento del gobierno y la autonomía universitaria; la falta de alusión a la sustentabilidad financiera de las universidades con visión de futuro y el régimen jurídico-laboral de los funcionarios, con su consecuente riesgo de precarización de las condiciones de trabajo”.