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Primer informe The COVID-19 Health Care Workers Study Síntomas Depresivos y el Malestar Psicológico de los trabajadores de la Salud

En el marco de la pandemia

Más del 30% de trabajadores de la salud presenta síntomas depresivos

Primer informe de "The COVID-19 Health Care Workers Study" advierte además que casi un 55% del personal sanitario consultado presentaría, además, algún tipo de trastorno mental común. En el estudio colaboran más de 30 países; en Chile, es desarrollado por la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina junto a las universidades Católica, Central y de O´Higgins, junto con el Colegio Médico.

El equipo permitirá triplicar la cantidad de test PCR realizados por el Programa de Virología del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM), y llegar a más de 1.000 exámenes diarios.

Adquiridos por SOFOFA

Universidad de Chile busca triplicar exámenes PCR con robots

Laboratorios del Programa de Virología del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile esperan aumentar a más de mil las muestras diarias analizadas mediante RT-PCR con la llegada de equipamiento aportado por la Sociedad de Fomento Fabril.

En el proyecto Fondef será fundamental la base de datos de casi 6000 pacientes que tiene la Fundación Arriarán en sus 30 años de funcionamiento.

Se basará en datos de casi 6.000 pacientes de la Fundación Arriarán

Crearán aplicación para predecir pacientes malos adherentes a terapia

Con el financiamiento de Fondef, este proyecto liderado por la doctora Claudia Cortés, infectóloga del Departamento de Medicina Interna Centro de la Facultad de Medicina, apunta a determinar, al momento que inician su terapia, a los pacientes con mayor riesgo de presentar problemas con la adherencia a la toma de medicamentos, para ofrecerles diferentes tipos de apoyo antes de que ello ocurra.

The Lancet Neurology publicó una carta firmada por especialistas de todo el continente pertenecientes al Consorcio de América Latina y el Caribe sobre Demencia (LAC-CD)

Pacientes históricamente olvidados se pueden ver más afectados aún por el Covid-19

Que lo urgente no haga olvidar lo importante

Especialistas de todo el continente pertenecientes al Consorcio de América Latina y el Caribe sobre Demencia (LAC-CD) –entre los que figuran dos académicos de la Facultad de Medicina de la U. de Chile-, publicaron una carta en The Lancet Neurology, haciendo un llamado a fortalecer las políticas sanitarias públicas orientadas a los pacientes con demencia y sus cuidadores durante la actual pandemia.

El objetivo del estudio es recopilar significados y prácticas en torno al cuidado y preparación para la muerte de los adultos mayores, para contribuir a proteger la salud mental de cuidadores, familiares y trabajadores de la atención primaria

Proyecto Fonis recientemente adjudicado alcanzó la más alta evaluación a nivel nacional

Para cuidar el buen morir: recogiendo una experiencia silenciosa

La profesora Gabriela Huepe, académica de los departamentos de Bioética y Humanidades Médicas, y Psiquiatría y Salud Mental Oriente de nuestro plantel, lidera esta investigación en la que se aborda un tema históricamente calificado como tabú.

Parte de las cajas se entregó a una comunidad de mujeres haitianas que participa de un proyecto de extensión de la profesora Viviana Riquelme.

Y apoyará a diversas ollas comunas de cinco comunas de Santiago

Campaña “Tu ayuda es urgente” beneficia a 340 familias

340 cajas solidarias y más de 10 millones de pesos a ollas comunes entregó esta iniciativa de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile liderada por la Dirección de Extensión de la Facultad y la organización ECOSS de Barrio, con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a diversas comunidades necesitadas por la crisis generada por la pandemia del COVID-19.

Estudio abarcará recintos asistenciales públicos de todo el país.

¿Cuáles son las barreras que deben enfrentar las mujeres que requieren interrupción voluntaria del embarazo por tres causales?

El equipo investigador está compuesto además por las profesoras Mirliana Ramírez, del Departamento de Enfermería –en calidad de coinvestigadora-; Lidia Casas, como parte del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, que es institución asociada y la doctora Paz Robledo, pediatra con formación en políticas públicas que contribuyó a la redacción del reglamento de acompañamiento que implementa la ley 21.030 o de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en tres causales.

Según explica la doctora Montero, “en un principio nos llamó la atención el bajo número de mujeres que han accedido a la IVE en los establecimientos del sector público, muy inferior al estimado por el Ministerio de Salud; particularmente en la tercera causal, que es la de embarazo como consecuencia de violación. Eso nos hizo pensar que deben existir barreras que impiden o entorpecen el acceso de las mujeres a este procedimiento”.

Como parte de la formulación de este proyecto, las investigadoras recopilaron información bibliográfica de países donde se ha despenalizado la interrupción del embarazo, donde se describe la aparición de múltiples barreras relacionadas por ejemplo con el desconocimiento del marco legal, tanto por parte de las usuarias como de los propios integrantes del equipo de salud e incluso de los funcionarios del sector judicial. Ese desconocimiento llevaba a la vulneración de las normativas sobre los derechos de la mujer y al incumplimiento de obligaciones relacionadas con la interrupción del embarazo; asimismo, se describía una interpretación restrictiva del marco legal, limitando las prestaciones con fundamento en la edad gestacional del feto, en solicitud de requisitos adicionales, en el uso inconstitucional de la objeción de conciencia como  su invocación institucional y colectiva por grupos de profesionales; y también se encontraron restricciones en base a la causal de salud. En cuanto a las fallas en la prestación en sí, varios estudios mostraban la existencia de otras barreras evidenciadas a través de la carencia de protocolos internos, inconvenientes en el sistema de referencia y contrarreferencia, falta de entrenamiento de los profesionales para hacer los procedimientos, aplazamientos injustificados de la interrupción y manejo inadecuado del dolor, entre otras. Además, aparecía como barrera la estigmatización que se daba a la mujer que se sometía a una IVE, pero también hacia los profesionales que pudieran realizar este procedimiento”.

Garantizar acceso

Durante su primer año de implementación, las autoras del proyecto se abocarán a analizar y procesar la información que recogerán luego de solicitarla, mediante Ley de Transparencia, a los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel de atención respecto de la implementación de la ley 21.030. “Además, tenemos considerado identificar y contactar a los directivos de los  establecimientos de salud para informarles del estudio, de manera de sentar las bases de nuestra fase de entrevistas a informantes clave, que realizaremos durante el segundo año y tercer año de investigación”, añade la doctora Montero.

En ambas etapas “nuestro propósito es dar respuesta a nuestros objetivos específicos, explorando las principales barreras que pudieran estar presentes en el nivel secundario y terciario de atención respecto de la implementación para el acceso a las prestaciones que se garantizan en la ley 21.030”

El estudio contempla capturar información a nivel nacional, no sólo centrado en la Región Metropolitana. “Levantar información científicamente válida es clave para proponer estrategias que apunten a resolver los problemas que podamos detectar. Nos comprometemos a aportar a la toma de decisiones que alimenten políticas públicas que prevengan, eliminen o disminuyan las barreras que las mujeres pudieran enfrentar al solicitar un procedimiento de IVE en tres causales, lo que contribuirá a mejorar las buenas prácticas y la calidad de la atención. Los establecimientos públicos de salud deben garantizar el acceso a estas prestaciones, y para ello deben contar con el personal suficiente e idóneo para poder hacerlo. Si, por ejemplo, constatamos que existe una falta de conocimiento cabal de la ley, o problemas administrativos que dificultan el acceso al acompañamiento psicosocial y al procedimiento, se podría sugerir la puesta en marcha de nuevas capacitaciones en distintos ámbitos. Por eso es tan importante levantar información científicamente comprobada de lo que está sucediendo en la implementación de este cuerpo legal, para facilitar su correcta aplicación y garantizar el derecho de las mujeres para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales que contempla la ley 21.030”.

Cecilia Valenzuela León