Ir al contenido
English

Más noticias

Los ocho pasos para avanzar en Integridad Académica

Con la participación de académicos, estudiantes y funcionarios

Facultad de Medicina crea el Comité de Integridad Académica

Esta nueva iniciativa institucional, liderada por la Dirección Académica y el Centro de Enseñanza y Aprendizaje, apunta a fomentar la promoción y prevención en este ámbito, basadas en un cambio cultural centrado en valores fundamentales en la formación y desarrollo de todos los profesionales de la salud.

La UCC contó con el compromiso de 90 estudiantes voluntarios

40 pacientes se atendieron en la Unidad Crítica Covid del HCUCH

Un modelo de atención hospitalaria para replicar

Como un modelo seguro, eficiente y potencialmente replicable en otras instancias de urgencia fue como definieron sus gestores a esta UCC, al momento de su cierre e integración de sus camas a la Unidad de Paciente Crítico del recinto asistencial.

Distintos grupos académicos y actores sociales que participaron de esta consulta dieron sus impresiones durante el encuentro

Universidades chilenas analizan labor solidaria de comunidades a lo largo del país

Participación comunitaria durante la pandemia

Recolección y entrega de alimentos, ollas comunes y actividades recreativas figuran entre las principales respuestas que han surgido desde las comunidades como formas de apoyo vecinales.

Doctor Ramiro Zepeda

Proyecto reclutará pacientes en los hospitales San Borja Arriarán y Regional de Rancagua.

Covid-19: afinar el pronóstico para enfocar los recursos

Ese es el objetivo del estudio “Marcadores Metabólicos de Pronóstico de Severidad para Pacientes Covid-19”, proyecto con financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo liderado por el doctor Ramiro Zepeda, académico del Departamento de Neurociencia de la Facultad de Medicina.

Entrevista al doctor Miguel O’Ryan, pediatra infectólogo

La Salud de Chile: para saber de vacunas

El segundo capítulo de este podcast de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile está dedicado a conocer más acerca de la importancia de la vacunación y la fortaleza de la investigación mundial que respalda la producción segura de cada una de ellas, mientras el mundo espera el advenimiento de una nueva inoculación contra el SARS-CoV-2 .

Ricardo Soto-Rifo, investigador del ICBM a cargo de este trabajo, señala que la tecnología permitirá también apoyar a estudios sobre inmunidad y detectar moléculas inhibidoras del virus.

Con sistema único en el país

U. de Chile inicia detección de anticuerpos neutralizantes de SARS-Cov

El ICBM comenzó el análisis de más de 1.000 muestras de plasma provenientes de la Fundación Arturo López Pérez (FALP), labor que también brindará a otras entidades como las clínicas Las Condes y Santa María. La tecnología permitirá apoyar tratamientos experimentales con transferencia de plasma, realizar estudios sobre inmunidad y evaluar moléculas con potencial antiviral.

Entre el 60% y el 80% de los niños diagnosticados con PIMS deben ser internados en la Unidad de Cuidados Intensivos

A un mes del peak del coronavirus

109 casos de síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico

Sus síntomas hacen al PIMS –por su sigla en inglés- un cuadro clínico de presentación parecida al síndrome de Kawasaki. Según explica el doctor Juan Pablo Torres, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y coordinador de esta red de especialistas, es un síndrome de gravedad pero que, hasta el momento, no reporta fallecidos.

Estudio abarcará recintos asistenciales públicos de todo el país.

¿Cuáles son las barreras que deben enfrentar las mujeres que requieren interrupción voluntaria del embarazo por tres causales?

El equipo investigador está compuesto además por las profesoras Mirliana Ramírez, del Departamento de Enfermería –en calidad de coinvestigadora-; Lidia Casas, como parte del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, que es institución asociada y la doctora Paz Robledo, pediatra con formación en políticas públicas que contribuyó a la redacción del reglamento de acompañamiento que implementa la ley 21.030 o de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en tres causales.

Según explica la doctora Montero, “en un principio nos llamó la atención el bajo número de mujeres que han accedido a la IVE en los establecimientos del sector público, muy inferior al estimado por el Ministerio de Salud; particularmente en la tercera causal, que es la de embarazo como consecuencia de violación. Eso nos hizo pensar que deben existir barreras que impiden o entorpecen el acceso de las mujeres a este procedimiento”.

Como parte de la formulación de este proyecto, las investigadoras recopilaron información bibliográfica de países donde se ha despenalizado la interrupción del embarazo, donde se describe la aparición de múltiples barreras relacionadas por ejemplo con el desconocimiento del marco legal, tanto por parte de las usuarias como de los propios integrantes del equipo de salud e incluso de los funcionarios del sector judicial. Ese desconocimiento llevaba a la vulneración de las normativas sobre los derechos de la mujer y al incumplimiento de obligaciones relacionadas con la interrupción del embarazo; asimismo, se describía una interpretación restrictiva del marco legal, limitando las prestaciones con fundamento en la edad gestacional del feto, en solicitud de requisitos adicionales, en el uso inconstitucional de la objeción de conciencia como  su invocación institucional y colectiva por grupos de profesionales; y también se encontraron restricciones en base a la causal de salud. En cuanto a las fallas en la prestación en sí, varios estudios mostraban la existencia de otras barreras evidenciadas a través de la carencia de protocolos internos, inconvenientes en el sistema de referencia y contrarreferencia, falta de entrenamiento de los profesionales para hacer los procedimientos, aplazamientos injustificados de la interrupción y manejo inadecuado del dolor, entre otras. Además, aparecía como barrera la estigmatización que se daba a la mujer que se sometía a una IVE, pero también hacia los profesionales que pudieran realizar este procedimiento”.

Garantizar acceso

Durante su primer año de implementación, las autoras del proyecto se abocarán a analizar y procesar la información que recogerán luego de solicitarla, mediante Ley de Transparencia, a los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel de atención respecto de la implementación de la ley 21.030. “Además, tenemos considerado identificar y contactar a los directivos de los  establecimientos de salud para informarles del estudio, de manera de sentar las bases de nuestra fase de entrevistas a informantes clave, que realizaremos durante el segundo año y tercer año de investigación”, añade la doctora Montero.

En ambas etapas “nuestro propósito es dar respuesta a nuestros objetivos específicos, explorando las principales barreras que pudieran estar presentes en el nivel secundario y terciario de atención respecto de la implementación para el acceso a las prestaciones que se garantizan en la ley 21.030”

El estudio contempla capturar información a nivel nacional, no sólo centrado en la Región Metropolitana. “Levantar información científicamente válida es clave para proponer estrategias que apunten a resolver los problemas que podamos detectar. Nos comprometemos a aportar a la toma de decisiones que alimenten políticas públicas que prevengan, eliminen o disminuyan las barreras que las mujeres pudieran enfrentar al solicitar un procedimiento de IVE en tres causales, lo que contribuirá a mejorar las buenas prácticas y la calidad de la atención. Los establecimientos públicos de salud deben garantizar el acceso a estas prestaciones, y para ello deben contar con el personal suficiente e idóneo para poder hacerlo. Si, por ejemplo, constatamos que existe una falta de conocimiento cabal de la ley, o problemas administrativos que dificultan el acceso al acompañamiento psicosocial y al procedimiento, se podría sugerir la puesta en marcha de nuevas capacitaciones en distintos ámbitos. Por eso es tan importante levantar información científicamente comprobada de lo que está sucediendo en la implementación de este cuerpo legal, para facilitar su correcta aplicación y garantizar el derecho de las mujeres para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales que contempla la ley 21.030”.

Cecilia Valenzuela León